Santiago, República Dominicana — Un brutal ataque a un niño de un año y ocho meses en el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) de Arroyo Hondo, Santiago, el 11 de octubre de 2024, expuso un escándalo de negligencia institucional y trauma infantil.
La madre del niño, identificada con el seudónimo de Ana Arias, relata cómo su hijo fue mordido 16 veces en la espalda, golpeado en la cara y dejado sin supervisión en una guardería que prometía seguridad.
El niño estuvo internado en el Hospital Infantil Doctor Arturo Grullón durante cuatro días tras sufrir heridas profundas, entre ellas tres puntos de sutura en la oreja y marcas de mordeduras que persisten cuatro meses después.
Negligencia comprobada: Según Arias, el menor fue dejado solo después del recreo mientras los cuidadores no supervisaban a un grupo de niños mayores que lo atacaron. Ni maestros ni supervisores intervinieron durante el ataque.
Respuesta evasiva de la institución: Cuando se le pidió una explicación, el director del CAIPI remitió a la madre a un psicólogo y ocultó información. Posteriormente despidió a cuatro empleados, pero ninguno de ellos fue procesado.
Cicatrices permanentes: Las marcas de mordeduras en la espalda del niño aún son visibles.
Trauma emocional: El niño evita interactuar con otros niños y muestra ansiedad y miedo constantes, según su madre.
Negligencia institucional: El CAIPI no brindó seguimiento médico ni psicológico después del incidente, violando los protocolos básicos de protección infantil.
Sin rendición de cuentas: Aunque el director y tres empleados fueron despedidos, no ha habido denuncias penales ni investigaciones por parte del Ministerio de Educación o la Defensoría del Niño.
Cifras alarmantes: en 2024 se denunciaron 23 casos de negligencia en guarderías públicas, según el Consejo Nacional de la Niñez (CONANI), pero solo el 5% llega a los tribunales.
Vacío legal: República Dominicana no cuenta con una ley específica que penalice el abandono en las guarderías, lo que facilita la impunidad.
Testimonio desgarrador:
“Mi hijo está vivo de milagro. Lo dejé sano y lo encontré destrozado. “Exijo justicia, no solo despidos”, dijo Ana Arias, quien tiene que afrontar gastos médicos y terapia psicológica sin apoyo estatal.
Respuesta de las autoridades:
El Ministerio de Educación anunció que realizará una auditoría a todos los CAIPI, una medida que las organizaciones sociales califican de “tardía e insuficiente”.
La Fiscalía Especializada de Niñez y Adolescencia se comprometió a investigar, pero la familia aún no ha recibido citación ni ha logrado avances.
Este caso revela:
Desprotección en espacios “seguros”: 40% de las guarderías públicas funcionan sin personal capacitado en gestión de crisis (Observatorio de Políticas Sociales, 2023).
El costo del silencio: 70% de los padres no denuncian casos de abandono por miedo a represalias o desconfianza en el sistema. Necesidad urgente de reformas: Países como Costa Rica y Uruguay han reducido incidentes similares en un 60% gracias a cámaras de vigilancia obligatorias y ratios estrictos entre el número de padres e hijos.
Mientras el niño de Arroyo Hondo lucha por superar el terror, su caso plantea preguntas: ¿cuántas vidas de niños deben ser destrozadas para que el Estado priorice su protección?
Con información de testimonios, historias clínicas y datos institucionales.
