MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, República Dominicana — Un crimen de extrema brutalidad conmocionó al Bajo Yuna luego de que el cuerpo descuartizado y quemado de un hombre identificado como “Baba”, un haitiano que vivía en la zona desde hace años, fuera encontrado tirado en una alcantarilla.
El incidente, ocurrido entre las comunidades de La Lometa y Rincón de Molinillo, revela la violencia endémica vinculada al narcotráfico en esta región fronteriza, donde las autoridades mantienen un preocupante silencio.
Víctima vulnerable: “Baba”, de nacionalidad haitiana, llevaba años integrado a la comunidad local, donde había formado una familia.
Su asesinato refleja la doble victimización de los migrantes: blanco del crimen organizado y exclusión institucional.
Macabro modus operandi: el cuerpo fue cortado en pedazos, quemado y arrojado a una alcantarilla, recuperado por la Policía y Protección Civil el martes.
Según fuentes extraoficiales, el crimen tuvo lugar en un expendio de drogas donde la víctima “vivía su vida”.
Sospechoso se entrega: Un joven no identificado se entregó a las autoridades el miércoles, aunque su vínculo con el caso aún está bajo investigación.
El Bajo Yuna es un corredor clave para el tráfico de drogas y armas hacia el Caribe.
Según el informe 2023 de la DNCD, esta provincia ha registrado 12 homicidios relacionados con drogas en los últimos seis meses, un 30% más que en 2022.
La zona es un polvorín por la confluencia de pandillas locales, redes haitianas y la ausencia del Estado.
“Este crimen no es un caso aislado: es el resultado de años de desidia estatal y control territorial por parte del narcotráfico. “Los haitianos son víctimas recurrentes por su falta de protección legal”, afirma Juan Pérez, coordinador de la ONG Centro Bonó, que ha documentado 15 asesinatos similares de migrantes en la región en 2024.
Miedo colectivo: habitantes de Nágua y Arenoso exigen operativos reales: “Aquí, los canales se han convertido en fosas comunes”, dice un líder religioso que mantiene el anonimato.
Silencio institucional: ni la policía ni el Ministerio Público se han pronunciado, lo que alimenta las teorías de colusión entre las autoridades y el narcotráfico.
El Inacif enfrenta retos: la identificación de los restos calcinados requerirá pruebas de ADN, un proceso lento en el país, donde el 40% de los casos que involucran cuerpos mutilados quedan impunes (PNUD, 2023).
La justicia elude: solo el 15% de los homicidios contra migrantes llegan a los tribunales, según la Red Fronteriza Jano Siksè.
Datos impactantes:
El 70% de los haitianos en RD trabaja en la economía informal, muchos en zonas de alto riesgo como el Bajo Yuna.
María Trinidad Sánchez tiene la segunda tasa de homicidios más alta del país (35 por cada 100.000 habitantes).
Organizaciones de derechos humanos exigen:
Protección de testigos: Miedo a represalias contra la familia “Baba”.
Auditoría a autoridades locales: Sospecha de narcotráfico en un comando policial.
Apoyo consular: La embajada de Haití aún no se pronuncia.
Geopolítica del narcotráfico: Conectando el crimen con las rutas internacionales de la droga.
Cifras sobre la violencia sistémica: Contextualizando la impunidad en la región.
Testimonios comunitarios: Humanizando el impacto del horror en la vida cotidiana.
Presión internacional: Expone la deuda de República Dominicana y Haití en protección binacional.
Mientras “Baba” se mantiene incomunicado, su muerte desmembrada simboliza la fractura de un territorio donde la ley la escriben los criminales.
