Monte Plata, República Dominicana. – El tribunal del municipio de Monte Plata impuso medidas de coerción contra dos mujeres acusadas de negligencia en la atención del bebé Ángel Yadiel de Jesús Figari, de cinco meses de edad, quien falleció mientras se encontraba bajo el cuidado de una guardería privada de la localidad. La decisión fue emitida tras evaluar los elementos presentados durante la audiencia y las circunstancias que rodean el lamentable suceso.
Según la disposición judicial, las imputadas deberán pagar una garantía económica de 100 mil pesos y presentarse periódicamente ante las autoridades competentes, con el fin de asegurar su disponibilidad durante el desarrollo del proceso judicial y garantizar el seguimiento adecuado del caso.
El trágico hecho ocurrió el 23 de enero, cuando la madre del menor, Johanna Beatriz Figari, fue notificada por personal del centro educativo sobre el estado crítico de su hijo. La mujer acudió de inmediato al Hospital Ángel Contreras, donde los médicos confirmaron que el bebé no presentaba signos vitales al momento de su llegada.
La pediatra Dahiana Pichardo, encargada de atender al menor, señaló que la causa probable del deceso fue una broncoaspiración, una condición que habría provocado una interrupción repentina de las funciones respiratorias del infante mientras se encontraba bajo supervisión de las cuidadoras.
A casi diez meses del incidente, los familiares del pequeño Ángel Yadiel continúan clamando justicia y exigen que el caso no quede impune. Han manifestado su deseo de que se esclarezcan los hechos y que las responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
La tragedia ha generado profunda consternación en la comunidad de Monte Plata, especialmente por haberse producido en un entorno destinado al cuidado y protección de niños. Vecinos y autoridades locales han expresado su preocupación, instando a reforzar los protocolos de seguridad y supervisión en los centros de atención infantil de la provincia.
Las medidas impuestas por el tribunal buscan garantizar la presencia de las acusadas durante el proceso judicial, mientras familiares, residentes y organismos locales esperan que las investigaciones avancen con celeridad para determinar responsabilidades y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
