Santiago, República Dominicana. – La solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público detalla que la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, tardó aproximadamente dos minutos en ahogarse en la piscina de la Hacienda Los Caballos, en Gurabo, durante la excursión organizada el pasado 14 de noviembre por el colegio Leonardo Da Vinci, en la que participaron 87 estudiantes de entre 10 y 18 años.
El documento de 26 páginas reconstruye de manera cronológica los hechos que llevaron a la tragedia y enumera las fallas de supervisión que, según las autoridades, fueron determinantes en la muerte de la menor.
Las imputadas son:
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Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa.
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Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general.
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Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora.
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Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
La cronología del hecho según la acusación
9:44 a.m. – Stephora entra a la piscina
El expediente indica que la niña ingresó “caminando confiada” y que, al llegar a la mitad de la piscina, se percató de que la profundidad aumentaba, comenzando de inmediato a hundirse y a realizar señas de auxilio.
9:45 a.m. – Señales de desesperación
La menor luchaba por tomar aire, mantenerse a flote y sobrevivir.
En ese momento, la orientadora Francisca Josefina Tavárez Vélez caminó por el borde de la piscina, pasando dos veces al lado de la niña sin advertir la emergencia, dirigiéndose en cambio al área del jacuzzi y luego al gazebo.
9:47 a.m. – El cuerpo desciende al fondo
Stephora pierde la batalla y su cuerpo se hunde.
La coordinadora Vilma Altagracia Vargas Morel aparece en las grabaciones utilizando su celular sin notar el incidente.
El Ministerio Público sostiene que ambas actuaron con “falta extrema de cuidado” y que la supervisión de la zona de riesgo era prácticamente inexistente.
9:50 a.m. – Conversaciones, pero sin vigilancia
Según la acusación, Vargas Morel dejó de usar el celular, pero continuó conversando con Tavárez Vélez sin revisar a los menores que seguían dentro del agua.
10:16 a.m. – El cuerpo sube a la superficie
El cuerpo de Stephora flota nuevamente, moviéndose visiblemente, pero las imputadas aún no se percatan.
10:18 a.m. – Un estudiante descubre a la niña
Un menor dentro de la piscina detecta el cuerpo y hace un esfuerzo por sacarlo, mientras otros estudiantes gritan “se ahogó”.
Recién entonces las imputadas acuden y Vargas Morel intenta reanimarla sin éxito.
Demoras en la llamada al 9-1-1
La acusación destaca una serie de decisiones que, según el Ministerio Público, retrasaron la atención oportuna:
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A las 10:20 a.m., una adolescente pregunta si llamarán al 9-1-1; Tavárez Vélez responde que están llamando al colegio.
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Un testigo insiste en hacer la llamada; la respuesta vuelve a ser que están contactando a la directora.
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Otra estudiante solicita llamar al 9-1-1 y nuevamente recibe una negativa.
El Sistema Nacional de Emergencias fue contactado minutos después.
Posteriormente, la directora administrativa Yris del Carmen Reyes Adames acudió al lugar. La madre de la niña, Lovelie Joseph Raphael, fue informada de que la menor “se había puesto mala” y, al llegar a la hacienda, permaneció durante horas sin saber qué había ocurrido realmente.
Negligencia institucional, según el Ministerio Público
El órgano acusador afirma que las imputadas actuaron con torpeza, inadvertencia y negligencia, tanto en la planificación como en la supervisión de la actividad:
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No se verificó la profundidad de la piscina.
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No se dispuso de salvavidas ni personal capacitado.
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No se mantuvo vigilancia activa.
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Se desoyeron llamados urgentes para contactar al 9-1-1.
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Se incumplieron reglamentos que limitaban actividades de este tipo.
Estas conductas, según el Ministerio Público, comprometen la responsabilidad penal de las cuatro imputadas.
Medidas de coerción impuestas
La Oficina de Atención Permanente de Santiago dictó las siguientes medidas:
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Libertad pura y simple para Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa.
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Para Gisela Altagracia González Estrella, Francisca Josefina Tavárez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel:
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Garantía económica de RD$500,000.
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Impedimento de salida del país.
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Presentación periódica ante las autoridades.
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El proceso judicial continuará mientras se analizan nuevas evidencias y se determina la responsabilidad penal en uno de los casos más dolorosos y debatidos de los últimos años en el ámbito educativo dominicano.
