Santo Domingo, RD – En un hecho sin precedentes que conmocionó el panorama político dominicano, el alcalde del distrito municipal de Monserrat, ubicado en Neiba, provincia de Bahoruco, fue arrestado. El arresto fue realizado por inspectores de la Junta Central Electoral (JCE), con el apoyo de la Policía Nacional y el Ministerio Público, durante un operativo de inteligencia en la ciudad de Baní.
El concejal, identificado como Edgar Juan Aníbal Ramírez Reyes, figura del Partido Revolucionario Moderno (PRM), fue sorprendido in fraganti transportando un libro de actas de nacimiento robado de la Oficina del Registro Civil de Neiba. Este documento presuntamente se utilizó para falsificar la identidad de ciudadanos haitianos y generar documentos fraudulentos para reclamar terrenos en zonas turísticas como Punta Rusia, en Puerto Plata.
Las autoridades informaron que la red a la que pertenece el alcalde está presuntamente liderada por un conocido diputado del PRM, apodado «El Gato», quien ha sido procesado previamente por su participación en casos similares de falsificación de documentos y tráfico ilegal de personas hacia Europa y de Haití a la República Dominicana.
Durante el allanamiento, se incautaron varios documentos oficiales falsificados, incluyendo el certificado número 0059 de 1894, documento que contenía información claramente falsificada, incluyendo un supuesto certificado de nacimiento de un ciudadano alemán. Este hecho despertó inmediatamente las sospechas de los investigadores de la JCE.
El operativo también reveló otras irregularidades, como documentos de identidad alterados, archivos con información alterada y vínculos con otros casos de robo de identidad y fraude inmobiliario. Existen informes de que se falsificaron actas de nacimiento con más de un siglo de antigüedad para adquirir tierras con títulos históricos.
Las autoridades están trabajando con el Ministerio Público para presentar formalmente una solicitud de medidas coercitivas contra el alcalde Ramírez Reyes y cualquier otra persona involucrada en esta red de corrupción institucional y falsificación masiva de documentos públicos.
Este caso plantea serias dudas sobre el alcance de la corrupción en las instituciones estatales y constituye una seria advertencia sobre la seguridad del registro civil en la República Dominicana.
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