Una revisión del caso federal puertorriqueño contra César Emilio Peralta, alias «César el Abusador», revela detalles que algunos sospechaban, pero que nunca se habían confirmado con tanta claridad. Uno de los testigos, identificado con el código CS-3, declaró haber realizado entregas directas al barón entre 2009 y 2010, aportando información clave sobre la red que, según las autoridades puertorriqueñas, operó en la República Dominicana de 1997 a 2019.
Esta red le permitió a Peralta construir un imperio marcado por el exceso: desde villas con vistas directas al mar hasta colecciones de relojes que valen más que coches de lujo.
La pregunta ahora es si el propio Abusador se convertirá en un «CP» en el proceso judicial —es decir, un colaborador protegido—, lo que le permitiría certificar, mediante un acuerdo, lo que ya había confesado a las autoridades. En Estados Unidos, donde Puerto Rico tiene jurisdicción, más del 95% de los casos estatales y el 98% de los federales se resuelven mediante acuerdos de culpabilidad, una vía que evita juicios largos y costosos.
Entre las acusaciones más delicadas, el narcotraficante admitió haber pagado sobornos a policías, militares y funcionarios del gobierno, lo que permitió que su organización sobreviviera durante más de dos décadas. En este sentido, la estructura de Peralta ha sido descrita como la más perdurable en la historia reciente del narcotráfico dominicano.
Antes de él, otros capos de la droga han acaparado titulares: Quirino Ernesto Paulino Castillo, activo desde mediados de la década de 1990 hasta su arresto en 2004; David Figueroa Agosto, apodado «el Pablo Escobar del Caribe», quien operó entre 1999 y 2010, hasta su captura en Puerto Rico tras escapar a Santo Domingo; y Luis Ernesto Guevara, alias Maconi, identificado como enlace con cárteles internacionales. Sin embargo, ninguno de ellos ha logrado mantener una estructura tan duradera como César el Abusador, quien, según las autoridades federales, ha operado ininterrumpidamente durante 18 a 20 años.
Aunque los documentos judiciales protegen identidades clave, se sabe que el caso ya ha tenido repercusiones inmediatas: se han revocado una docena de visas a dominicanos vinculados a los informes. Los nombres, por ahora, no se harán públicos, lo que, según los analistas, favorece a quienes, uniformados o no, pudieron haber apoyado a la red.
Incluso recuerda cómo, en el centro de la acusación de Peralta, un ex fiscal general, ahora enjuiciado por corrupción, supuestamente engañó al público y a los equipos especializados que buscaban al líder de la red mientras paseaba tranquilamente por Punta Cana.
Por ahora, la historia sigue marcada por silencios y piezas que no encajan del todo, aunque una cosa parece segura: los nombres están ahí, y tarde o temprano, serán revelados.