Estados Unidos.- La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender el financiamiento a organizaciones civiles que brindaban asesoría legal gratuita a migrantes en centros de detención y tribunales de inmigración ha generado gran preocupación.
La medida, impulsada por el presidente Donald Trump, deja a miles de personas en una situación de mayor vulnerabilidad, sin acceso a la información necesaria para defenderse en los procesos de deportación.
La nueva directiva del Departamento de Justicia ha restringido significativamente la asistencia legal a los inmigrantes que enfrentan audiencias en tribunales de inmigración.
Entre los programas cancelados se encuentra el Programa de Orientación Legal (LOP), una iniciativa federal que durante años ayudó a los migrantes a conocer sus derechos y opciones legales en el país.
Laura J. John, directora jurídica del Proyecto Florence para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, expresó su preocupación y calificó la decisión como un «ataque directo a los inmigrantes».
El experto destacó que esta restricción afecta tanto a quienes recién llegan a la frontera como a quienes ya residen en el país y buscan regularizar su situación migratoria.
A diferencia de los procedimientos penales, la ley de inmigración de Estados Unidos no garantiza el derecho a un abogado designado por el tribunal, lo que obliga a muchos migrantes a navegar solos por un sistema legal extremadamente complejo.
Organizaciones como el Proyecto Florencia, que ofrece asesoramiento gratuito sobre derechos constitucionales y defensa legal desde 1989, advierten que los recortes de financiación llegan en un momento crítico, ya que las autoridades han intensificado las redadas y los arrestos en todo el país.
El costo de la defensa legal representa otro obstáculo insuperable para muchos migrantes. Según el abogado Ben Martínez, los honorarios de los abogados privados pueden ascender a miles de dólares, sin incluir los pagos de fianza, que pueden oscilar entre $5,000 y $10,000 por persona, si un juez concede la libertad condicional.
Desde que se implementó la orden, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha restringido el acceso a los centros de detención en Arizona, impidiendo que los abogados y representantes del Proyecto Florence brinden asistencia legal a los migrantes detenidos.
A esto se suma la escasez de traductores, que afecta especialmente a las personas de comunidades indígenas que no hablan español.
El Programa de Orientación Jurídica (LOP), financiado por el Congreso desde 2003, fue una herramienta fundamental para asesorar a los migrantes en todo el país.
Tras su cancelación, el Proyecto Florencia lanzó una campaña en las redes sociales instando a la gente a ponerse en contacto con sus diputados para exigir la devolución de estos fondos.
John advirtió que sin estos recursos, miles de personas enfrentarán procesos de desalojo sin la defensa adecuada, lo que podría dejar a muchas familias en situaciones de extrema vulnerabilidad.
