Hoy, tras años de residencia legal en Estados Unidos bajo la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS), enfrentan un panorama lleno de incertidumbre y temor.
Esta decisión revierte un decreto federal previo que suspendió temporalmente los planes para terminar su estatus, permitiendo que la decisión del poder ejecutivo entre en vigor de inmediato.
A partir de hoy, los beneficiarios venezolanos del TPS enfrentan la pérdida de su protección migratoria, sus permisos de trabajo y, en última instancia, un proceso de deportación.
Esta medida no solo afecta a los ciudadanos venezolanos. El gobierno ha confirmado que el TPS también finalizará en agosto para casi 500,000 haitianos que han permanecido en Estados Unidos durante años bajo el mismo marco legal tras desastres naturales y crisis sociales en sus países de origen.
El TPS se creó por razones humanitarias, para proteger a los extranjeros de países afectados por situaciones extremas.
Sin embargo, la administración Trump ha buscado eliminarlo gradualmente, argumentando que muchas de las condiciones que justificaron su creación han cambiado.
Organizaciones de defensa de los migrantes han advertido que la cancelación del EFA viola el principio de protección humanitaria que ha distinguido a Estados Unidos durante décadas.
También señalan que muchos beneficiarios han formado familias, tienen hijos nacidos en Estados Unidos y están empleados oficialmente, participando activamente en la economía nacional.
A partir de este lunes, las personas que pierdan su estatus migratorio deberán considerar vías legales alternativas para permanecer en el país, aunque el acceso a estas opciones es limitado y no siempre garantiza resultados positivos.
