«No queremos dinero, queremos justicia, queremos que lo arresten», dijo Maira López, madre entre lágrimas de dos jóvenes que murieron tras el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set en la madrugada del martes 8 de abril.
Las víctimas fueron Patricia Yisel Acosta López y Jessica Pamela Acosta López. Ambas fallecieron en el acto, dejando un total de cuatro hijos huérfanos, según el profundo pesar de su madre.
«Mis hijas dejaron dos hijos cada una y ahora son huérfanas», añadió Maira. Su testimonio refleja el profundo dolor de una madre que perdió no a una, sino a sus dos hijas en un solo y trágico suceso.
Describió lo sucedido como «lo más grande que he sentido en mi vida» y anunció que en los próximos días interpondrá una demanda contra los dueños del local donde ocurrió la tragedia.
Por su parte, el padre de las hermanas fallecidas expresó su descontento, señalando que nadie se ha pronunciado sobre lo ocurrido esa trágica noche en el establecimiento.
El incidente ocurrió durante una fiesta de cumpleaños en la discoteca Jet Set. La banda del merenguero Rubby Pérez se encontraba tocando cuando el techo del edificio se derrumbó.
El accidente dejó 233 muertos y más de 100 heridos. Decenas de personas quedaron atrapadas bajo los escombros en cuestión de segundos, sembrando el caos y la desesperación.
Entre los fallecidos se encontraban figuras públicas como el exjugador de béisbol Octavio Dotel, la gobernadora de Montecristi, Nelsy M. Cruz Martínez, el exjugador de béisbol Tony Blanco y el saxofonista de Rubby Pérez, conocido como Chican.
En respuesta inmediata, varias agencias llegaron al lugar, incluyendo el sistema 911, la Policía Nacional, el Centro de Operaciones de Emergencia, los bomberos, la Defensa Civil y el Ministerio de Defensa.
La tragedia provocó indignación internacional. Gobiernos y organizaciones de países como Haití, Estados Unidos, Colombia, México, España, Venezuela, Argentina, Chile, Puerto Rico, Panamá y Costa Rica expresaron su solidaridad.
Hasta el momento se han presentado 35 denuncias ante tribunales penales por parte de familiares y sobrevivientes, exigiendo justicia y acciones contra los responsables del mortal colapso estructural.
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