Santo Domingo. – Un contrato suscrito en 2023 entre el Ministerio de Educación (MINERD) y Seguros Reservas ha vuelto al centro del debate público, luego de que resurgieran cuestionamientos sobre el uso y alcance de una póliza estudiantil cuyo costo supera los RD$867 millones.
El acuerdo corresponde a un Seguro de Accidentes Personales para Estudiantes, con vigencia hasta diciembre de 2025, y contempla cobertura para toda la matrícula del sistema público.
🔍 Inquietud entre familias y centros educativos
A pesar del elevado desembolso, padres de estudiantes de distintas provincias afirman desconocer casos cercanos de alumnos que hayan recibido beneficios derivados de esta póliza, como compensaciones, asistencia médica o acompañamiento en situaciones de emergencia.
Docentes y directores consultados también señalan que no disponen de información oficial sobre los procedimientos para activar el seguro, ni sobre datos estadísticos que reflejen su uso en entornos escolares.
📊 Falta de reportes públicos alimenta la duda
Aunque el contrato permanece vigente, no se han difundido informes accesibles que detallen:
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Cuántos estudiantes han sido atendidos
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En qué centros educativos
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Por cuáles tipos de incidentes
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Qué montos han sido cubiertos
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Cómo se distribuyó la ejecución del gasto
La ausencia de este tipo de reportes ha despertado inquietud entre sectores sociales y comunicadores, quienes consideran necesario mayor nivel de transparencia en la gestión de recursos destinados a protección estudiantil.
🏛️ Llamados a supervisión
Si bien no existe una investigación oficial ni señalamientos de irregularidades, voces ciudadanas han pedido que organismos como:
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La Cámara de Cuentas
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El Ministerio Público
revisen la trazabilidad del contrato y verifiquen que el servicio contratado se esté aplicando conforme a los objetivos establecidos.
📝 Contexto administrativo
Especialistas en seguros recuerdan que las pólizas colectivas suelen activarse únicamente cuando se reportan incidentes, por lo que su uso puede no ser visible para la mayoría de la población.
Sin embargo, insisten en que, tratándose de fondos públicos, la rendición de cuentas es fundamental para fortalecer la confianza en los programas de protección escolar.
🧭 Debate sigue abierto
Mientras no existan informes detallados sobre el funcionamiento de la póliza, crece el interés por conocer cómo se protege realmente a los estudiantes y qué resultados concretos se han obtenido a partir del contrato financiado con recursos del Estado.
El acuerdo continúa vigente hasta finales de 2025, mientras el tema se posiciona nuevamente en la agenda nacional en medio de llamados a mayor transparencia institucional.
