El fallecimiento de la niña Stephora Joseph Raphael durante una excursión escolar en la Hacienda Los Caballos, en Gurabo, Santiago, continúa estremeciendo a la República Dominicana y ha puesto sobre la mesa un debate urgente sobre la responsabilidad y la seguridad en las actividades organizadas por centros educativos.
La menor perdió la vida mientras participaba en una salida recreativa del colegio, un hecho que ha generado profunda indignación social y ha motivado la intervención directa del Ministerio Público, que sostiene que las fallas de supervisión fueron determinantes en la tragedia.
Dos miembros del personal escolar enfrentan acusación por homicidio involuntario
Este miércoles, dos integrantes del personal que acompañaba al grupo fueron formalmente acusadas de homicidio involuntario por negligencia, al considerar el Ministerio Público que no se adoptaron las medidas de cuidado y vigilancia exigidas por la ley cuando se trabaja con menores de edad.
La acusación señala que la tragedia pudo haberse evitado si los protocolos básicos de supervisión hubiesen sido aplicados de manera estricta, especialmente en un entorno con piscina y áreas de riesgo.
Para las autoridades, no se trató únicamente de un accidente, sino del resultado de una falta grave en el control del grupo, en la atención al entorno y en la respuesta ante la emergencia ocurrida cuando la niña tuvo dificultades dentro del agua.
La familia pide justicia y claridad sobre los hechos
Los parientes de Stephora han insistido en que su propósito no es la venganza, sino la búsqueda de justicia y verdad. La familia demanda que se esclarezca en detalle qué ocurrió durante los minutos críticos en los que la menor luchaba por su vida y por qué, según alegan, no recibió ayuda oportuna.
También han señalado que la sociedad dominicana tiene derecho a conocer con transparencia:
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Quiénes eran los responsables directos de la supervisión.
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Cómo se organizó la excursión.
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Qué acciones se tomaron —o se dejaron de tomar— en el momento del incidente.
Negligencia escolar: un deber de cuidado reforzado
El caso ha puesto en evidencia la importancia de comprender qué implica la negligencia en el contexto educativo y, especialmente, en actividades fuera del plantel.
Cuando un centro organiza una salida escolar, asume un deber de cuidado reforzado, lo que significa:
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Evaluar los riesgos del lugar.
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Establecer reglas claras para los estudiantes.
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Asignar suficientes monitores y personal capacitado.
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Conocer previamente el entorno a visitar.
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Estar preparados para responder rápidamente ante cualquier situación de peligro.
La ley no exige simple presencia de adultos, sino una supervisión activa, constante y preventiva, sobre todo en entornos con agua, altura, animales u otros riesgos evidentes.
Lo que los padres deben exigir antes de autorizar una excursión
Tras la muerte de Stephora, muchas familias han cuestionado qué elementos deben verificar antes de permitir que sus hijos asistan a una actividad externa.
Especialistas en seguridad recomiendan preguntar:
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Cuántos docentes y monitores acompañarán al grupo.
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Si el personal cuenta con capacitación en primeros auxilios.
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Si el lugar dispone de salvavidas o personal especializado.
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Cuáles son los protocolos ante emergencias.
Una comunicación transparente entre padres y colegios puede convertirse en una herramienta crucial para prevenir situaciones de riesgo.
Revisión institucional: protocolos que deben convertirse en práctica
El caso también ha reabierto la discusión sobre la necesidad de que los centros educativos transformen sus reglamentos internos en protocolos aplicados, no simplemente archivados.
Esto implica:
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Capacitación periódica del personal.
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Simulacros de emergencia.
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Definición clara de roles durante las salidas.
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Documentación rigurosa del manejo del grupo.
La improvisación, advierten expertos, suele convertirse en un factor de riesgo cuando se trata de menores.
Indignación social y atención al proceso judicial
La muerte de Stephora ha generado un amplio reclamo público por mayor responsabilidad en las excursiones escolares y por una supervisión más estricta por parte de las autoridades educativas.
La opinión pública no solo cuestiona la actuación del colegio involucrado, sino la forma en que muchos centros gestionan actividades en villas, haciendas o clubes sin una cultura adecuada de prevención de accidentes.
El proceso judicial continúa, y en la audiencia de este miércoles un juez deberá decidir si las imputadas cumplirán prisión preventiva u otra medida de coerción mientras avanza la investigación. La decisión será observada atentamente debido al precedente que podría sentar para futuros casos de responsabilidad escolar.
Un llamado a poner la seguridad en primer lugar
El caso de Stephora Joseph Raphael se ha convertido en un recordatorio doloroso de que ninguna actividad recreativa puede organizarse sin colocar la seguridad como prioridad absoluta.
Su historia debería impulsar cambios significativos en la planificación, supervisión y regulación de las excursiones escolares en el país, para que su nombre no sea recordado solo por la tragedia, sino como el punto de partida de una transformación necesaria en la protección de los menores.
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