Un acto de violencia injustificada sacudió la calle Ramón Cáceres en Moca, provincia de Espaillat, cuando un joven con problemas de salud mental fue brutalmente atacado con una silla frente al polideportivo local. El incidente, grabado en video, muestra cómo la víctima —descrita por testigos como una persona pacífica sin antecedentes de violencia— fue golpeada sin provocación alguna.
Detalles del cobarde ataque
Según varios testigos, el agresor presuntamente usó una silla para golpear al joven en un acto que pareció completamente gratuito. «Simplemente pasaba por allí, como siempre. No hizo nada para merecer esto», dijo un vecino que presenció el ataque. El video del incidente, compartido en redes sociales, generó indignación por la violencia desproporcionada infligida a una persona vulnerable.
Versiones Contradictorias
Uno de los involucrados en el altercado intentó defenderse con una versión confusa: «No lo golpeé con una silla, solo lo empujé», afirmó, aunque reconoció que un testigo lo había fotografiado en ese momento. Esta declaración contrasta con las imágenes y relatos de otros presentes, quienes sostienen que la agresión fue deliberada y violenta.
La Comunidad Exige Justicia
El caso ha reabierto el debate sobre la protección de las personas con discapacidad en los espacios públicos. Los residentes de Moca exigieron a la Policía Nacional y al Ayuntamiento que implementen medidas concretas:
Mayor vigilancia en zonas de alto tránsito
Campañas de concientización sobre la inclusión
Sanciones ejemplares para este tipo de agresión
Víctima bajo observación médica
El joven agredido fue trasladado a un centro de salud local, donde permanece bajo observación. Aunque no se han revelado detalles oficiales sobre su estado, fuentes hospitalarias indican que sufrió un traumatismo significativo por el impacto. Su familia, que vive en el mismo barrio, ha recibido apoyo de sus vecinos.
¿Dónde están las autoridades?
Cuarenta y ocho horas después del incidente, la fiscalía de Espallat no ha informado de ninguna detención ni imputación, lo que aumenta la desconfianza pública. Organizaciones de derechos humanos han ofrecido apoyo legal a la familia de la víctima, mientras crece la presión para que el agresor rinda cuentas mediante un proceso penal.