SANTIAGO, RD.– La jueza de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago dictó tres meses de prisión preventiva contra Alexander Peña Henríquez, acusado de ofrecer dinero a una menor de edad con fines ilícitos, en un caso que ha generado indignación nacional y un amplio rechazo en la opinión pública.
Video en redes sociales desató la investigación
El hecho salió a la luz luego de que circulara en redes sociales un video donde se observa al imputado junto a una mujer, identificada como Luisa Stfrent, quien también recibió la misma medida de coerción.
El Ministerio Público presentó cargos contra ambos por violación al Código del Menor (Ley 136-03), tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, delitos sancionados severamente por la legislación dominicana.
Las autoridades señalaron que los implicados habrían incurrido en conductas delictivas que vulneran los derechos fundamentales de menores, activando de inmediato el protocolo de la Procuraduría Especializada contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, entidad encargada del proceso investigativo.
Indignación y llamado a sanciones ejemplares
El caso ha generado fuerte rechazo social, especialmente por el uso de plataformas digitales para promover actos inapropiados contra niñas y adolescentes.
Diversas organizaciones defensoras de la niñez y la adolescencia han exigido una sanción ejemplar, y han reiterado la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención y control digital, a fin de detectar y sancionar con rapidez cualquier intento de explotación o abuso. “No se trata de un simple caso viral, sino de una grave vulneración a los derechos humanos de menores que deben ser protegidos por el Estado”, expresó una representante de una ONG de protección infantil en Santiago.
Tribunal considera evidencias suficientes
El tribunal determinó que los elementos presentados por el Ministerio Público sustentan razonablemente la acusación, y que la prisión preventiva resulta necesaria para garantizar el desarrollo de las investigaciones, así como para evitar el riesgo de fuga o manipulación de pruebas.
Ambos imputados deberán cumplir los tres meses de prisión preventiva en centros penitenciarios correspondientes, mientras la fiscalía continúa la recolección de evidencias técnicas y periciales.
Reflexión sobre la protección de menores
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de los niños y adolescentes frente a los delitos digitales y la explotación sexual, y la urgente necesidad de educación preventiva en hogares, escuelas y comunidades.
Las autoridades reiteraron su compromiso con la aplicación estricta de la ley y recordaron que cualquier conducta que promueva, facilite o encubra la explotación de menores constituye un delito grave en la República Dominicana.