La muerte de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, durante una excursión escolar en Santiago, continúa generando una profunda conmoción a nivel nacional, tras la divulgación de nuevas informaciones sobre las irregularidades en la actividad y el manejo inicial del caso por parte del centro educativo.
Las investigaciones oficiales y los reportes de periodistas especializados indican que la excursión no cumplía con los protocolos exigidos para salidas escolares, lo que ha provocado un fuerte rechazo público y un renovado llamado a justicia.
Incertidumbre y contradicciones en la comunicación con la madre
Según los reportes, la madre de la menor fue contactada por el colegio bajo el argumento de que la niña se encontraba “descompensada”. Sin embargo, al llegar al lugar de la excursión, se encontró con un panorama lleno de incertidumbre y ausencia de explicaciones claras.
De acuerdo con su testimonio, el personal del centro educativo mostró evasivas sobre lo sucedido, alimentando preocupaciones sobre un posible intento de minimizar responsabilidades en los primeros momentos tras la tragedia.
La excursión no estaba autorizada, según las autoridades
El Ministerio Público y las autoridades educativas han confirmado varios incumplimientos normativos:
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La excursión no fue reportada a las instancias educativas correspondientes, como exige el reglamento vigente.
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El colegio carecía de autorización para actividades acuáticas, a pesar de llevar a los estudiantes a un lugar con piscina.
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No había personal especializado para salvamento ni equipos mínimos de seguridad.
Estas fallas han sido catalogadas como negligencias graves, tanto en la planificación como en la supervisión de la actividad.
Denuncias de bullying previo a la tragedia
Otra dimensión que salió a la luz son los testimonios de exalumnos y familiares, quienes afirman que Stephora habría sido víctima de bullying dentro del centro educativo.
Se mencionan agresiones verbales presuntamente relacionadas con su origen y actitudes discriminatorias que, según estos relatos, no habrían sido atendidas adecuadamente por el colegio.
Este elemento ha generado preocupación adicional sobre el clima escolar y la inexistencia de mecanismos efectivos para abordar casos de acoso.
Arrestos y responsabilidad penal en investigación en curso
Como parte del proceso, el Ministerio Público ordenó el arresto de cuatro miembros del equipo directivo del colegio, entre ellas la directora administrativa y varias coordinadoras, señaladas por su posible responsabilidad en organizar la excursión sin cumplir con las medidas de seguridad exigidas.
Estas detenciones forman parte de una investigación más amplia que incluye revisión de documentos, entrevistas y análisis del personal presente durante la actividad.
Abogados de la familia denuncian inconsistencias en el expediente
A pesar de los avances judiciales, los representantes legales de la familia han señalado que el expediente presenta inconsistencias importantes.
Entre ellas destacan:
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Falta de presentación de todas las evidencias recopiladas.
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Ausencia de parte del material audiovisual grabado durante la excursión.
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La inexistencia de una línea de tiempo completa que permita reconstruir con precisión los momentos previos a la muerte de la menor.
Estas observaciones mantienen abiertas varias interrogantes sobre lo ocurrido.
Impacto en el sistema educativo y revisión de protocolos
El caso ha llevado a las autoridades a revisar las normativas que regulan las salidas escolares, con el objetivo de reforzar los protocolos de seguridad y vigilancia.
Diversos padres y representantes del sector educativo han expresado su preocupación, exigiendo:
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Mayor supervisión institucional.
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Sanciones para los centros que incumplan las regulaciones.
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Garantías de seguridad en actividades extracurriculares.
La familia exige justicia y el país espera respuestas
Mientras continúa la investigación, la familia de Stephora insiste en su demanda de justicia y total transparencia.
La comunidad de Santiago y gran parte del país se mantienen expectantes ante el desarrollo del proceso judicial, en espera de que se definan responsabilidades y se adopten medidas que eviten tragedias similares en el futuro.
La muerte de la menor ha generado un impacto profundo en la sociedad dominicana, reforzando el llamado a proteger con rigor a los estudiantes y exigir conductas responsables a las instituciones educativas.