Un ambiente de alta tensión se vivió en el Palacio de Justicia de La Romana luego de que el tribunal dictaminara imponer una garantía económica y el impedimento de salida del país al capitán de la Policía Nacional, Ángel María Torres, acusado de matar al joven Randy Rossó Rodríguez en el sector de Vista Catalina.
La víctima, Randy Rossó Rodríguez, murió por un disparo de arma de fuego mientras huía de las patrullas policiales, según revelan videos presentados como prueba. La decisión del tribunal, que no acogió la solicitud del Ministerio Público y de los abogados demandantes, Luz del Carmen Pilier y Ronald Ramírez, de imponer prisión preventiva, provocó una reacción inmediata y emotiva entre los presentes.
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La tensión alcanzó su punto máximo cuando familiares y allegados de Randy Rossó Rodríguez, visiblemente afectados por la resolución judicial, intentaron acercarse al capitán Torres. En respuesta, la Policía desplegó un operativo de seguridad para proteger al acusado y mantener el orden. Varios agentes policiales se vieron obligados a retirarse rápidamente del lugar tras ser perseguidos por los familiares indignados, quienes clamaban justicia y expresaban su frustración por la decisión del tribunal.
Este incidente ha puesto en evidencia la profunda división y el descontento que el caso ha generado en la comunidad. La fuerte presencia policial y la reacción de los familiares subrayan la gravedad de la situación y la necesidad de una resolución que satisfaga las demandas de justicia y transparencia.
El caso de Randy Rossó Rodríguez ha atraído la atención de los medios y la opinión pública, reflejando un creciente malestar social respecto a la actuación de las fuerzas de seguridad y la justicia en el país. Los familiares de la víctima han exigido que se realice una investigación exhaustiva y que se haga justicia de manera imparcial, buscando que no se repitan casos similares y se asegure la protección de los derechos humanos.